La entidad gobernada por Diego Sinhue Rodríguez Vallejo continúa acaparando los primeros lugares en diferentes conteos que miden los niveles de violencia.
Por Martha Silva
Ciudad de México, 11 de agosto (POPLab).- Con todo y que prácticamente este año ha transcurrido bajo un confinamiento y movilidad limitados, el estado de Guanajuato encabeza el conteo de atrocidades y de víctimas realizado por la organización Causa en Común, que muestra que entre enero y junio de 2020 se registraron 2 mil 124 eventos que pueden ser catalogados como “atrocidades”, las cuales produjeron dos mil 802 víctimas, datos recolectados tras analizar mil 272 notas periodísticas a nivel nacional.
Detrás de las frías cifras oficiales de incidencia delictiva en esta entidad, como en Guerrero, Chihuahua, Michoacán, Estado de México o Puebla, hay reportes de masacres, tortura, descuartizamiento, calcinamiento, fosas clandestinas, desintegración de cuerpos, y un alto número de asesinato de niñas, niños y adolescentes. Guanajuato lidera en cuatro de estos rubros y el total de sus casos, 283, duplica los de las siguientes entidades en la lista (Chihuahua y Michoacán, con 97).
Esta entidad resulta puntera por 57 hechos de descuartizamiento, cuatro de terrorismo, además de 27 casos de asesinato de niños, niñas y adolescentes, así como el registro de 105 casos de masacre.
Por haber ocurrido a finales de junio, en el conteo se incluye los casos de dos niños de dos y seis años de Celaya, asesinados a tiros en hechos diferentes el mismo día y en la misma colonia, Campo Azul, cuyas fotografías se filtraron, lo que movilizó a activistas y internautas a exigir a medios de comunicación y grupos de redes sociales dejaran de difundirlas.
Por otra parte, el homicidio de 27 personas en un «anexo» de Irapuato, la peor masacre ocurrida en el estado de Guanajuato, no alcanza a entrar en estas cifras, puesto que ocurrió el 1 de julio y se integrará a la «Galería de las atrocidades» del segundo semestre del año.
«SON MEXICANOS CONTRA MEXICANOS»
La entidad gobernada por Diego Sinhue Rodríguez Vallejo continúa acaparando los primeros lugares en diferentes conteos que miden los niveles de violencia. Al reciente listado sobre Entidades con mayor número de policías asesinados, se suma la «Galería de atrocidades» dada a conocer por Causa en Común, con el objetivo de visibilizar la extrema violencia que existe en el país, que se ha vuelvo cotidiana y prácticamente impune, así como sensibilizar a la población ante este tipo de eventos.
A nivel nacional, de las 2 mil 802 víctimas de atrocidades registradas en el estudio, 537 son de Guanajuato.
«La violencia no es igual en país», señaló Belem Barrera, investigadora de Causa en Común, quien, al presentar el informe «Galería del horror: atrocidades registradas durante el primer semestre de 2020», denunció que no existe por parte de las autoridades un seguimiento sistemático de este tipo que hechos para tratar de explicarlos con un enfoque sociológico y luego emprender políticas públicas orientadas a los problemáticas locales que las detonan.
Al mencionar a las 2 mil 802 víctimas contabilizadas durante el estudio, mostró una gráfica por mes, en el que se observa una disminución significativa durante marzo, mes que inició el confinamiento por COVID-19 (con 373 casos), mas en los meses posteriores volvió a ascender para ser junio el periodo donde se detectaron más víctimas: 534.
La investigadora llamó a mirar las historias y a las personas detrás de esta numeralia.
«Son mexicanos contra mexicanos, atrocidades dentro de las comunidades, dentro de las propias familias; se debe rescatar la capacidad de conmovernos y transformar el dolor en exigencia ciudadana».
El estudio realizado propone además, que cada ciudadano y cada comunidad tome la responsabilidad de exigir a los gobiernos locales y federal la investigación sólida y resolución de los casos que han agraviado a la comunidad, así como reformas a los cuerpos policiales y las fiscalías para sanear deficiencias e irregularidades.
MÉXICO, «GENOCIDIO POR GOTEO» YA BROTA A CHORROS
Durante el foro virtual organizado por Causa en Común para presentar este trabajo, donde participaron Ina Zoon, coordinadora de proyectos de justicia penal en América Latina de Open Society Justice Initiative, Jacobo Dayán, investigador del Seminario sobre Violencia y Paz del Colegio de México; María Elena Morera, presidenta de Causa en Común; y Belem Barrera, investigadora de Causa en Común, se señaló cómo no existe un seguimiento sistemático de eventos que puedan ser catalogados como “atrocidades”.
Así, mientras los informes mensuales proporcionados por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública sobre incidencia delictiva se limitan a contabilizar delitos, agrupando una gran gama de estos como homicidio doloso «con otro elemento», o incluso como «no especificado», prensa y academia recogen datos sobre hechos violentos registrados con extrema crueldad que quedan fuera de la estadística y del panorama de las autoridades.
«Esta investigación nos recuerda a los otros muertos. Aquí se habla de atrocidades (…) lo que se esconde detrás de los silencios» asumidos no solo por las autoridades, sino por la sociedad misma, hizo notar Ina Zoon. «Y cuando se habla de atrocidades pero no en el sentido del derecho penal internacional, como crímenes de lesa humanidad o crímenes de guerra, aquí la palabra se usa para dar dimensión humana o inhumana de los relatos».
La representante en América Latina de Open Society Justice Initiative hizo un recuento de las terroríficas cifras de Guanajuato «atrocidades», las cuales cobraron la vida de al menos 537 personas.
Y citó palabras del jurista argentino Eugenio Raúl Zaffaroni para describir, en 2015, la situación de homicidios en Latinoamérica y la falta de voluntad política de sus gobiernos para ponerle fin: Zaffaroni lo llamó «genocidio por goteo» que México, la peor víctima de todos, ya lo padece a chorros.
URGEN ESPECIALISTAS A CONOCER DINÁMICAS LOCALES: «LA VIOLENCIA SE DESPLAZA»
Jacobo Dayán dijo que la violencia criminal se ha ido moviendo, dependiendo de las dinámicas locales. Hace falta la comprensión profunda de estos fenómenos, pues aunque algunos se han documentado gracias a investigaciones académicas o periodísticas, «se necesita un esfuerzo serio por parte del Estado en el levantamiento real de dinámicas locales, y que se podría hacer a partir de una Comisión de la Verdad», algo que aceptó el gobierno de Andrés Manuel López Obrador en el periodo de la transición «y que luego echó en un cajón y nunca más ha querido hablar del asunto».
El investigador del Colmex dijo que son diferentes dinámicas las que dan origen a las masacres o a los feminicidios, y no solo en los homicidios, por ello se requiere investigar lo que ocurre a lo local, la recomposición de los actores estatales junto con los criminales, que conocemos superficialmente a partir de estas investigaciones, pero se requiere ir más allá.
«No hay manera de salir de este horror manteniendo los niveles de impunidad que tenemos», y por ello exhortó a los gobernadores, a uno solo, que tome la batuta de generar modelos extraordinarios de verdad, justicia y reparación, para tomar la estafeta incluso ante la federación, y analizar los niveles de horror alcanzados en su territorio en los últimos años, «solo se requiere voluntad política del mandatario y del congreso local», concluyó.
Ina Zoon dijo que se relaciona cada dinámica con el contexto del crimen organizado: se deben investigar las prácticas específicas, los «sellos» de los grupos criminales, llámese Cártel Jalisco Nueva Generación o Cártel Santa Rosa de Lima, más que salir con la solución simplista de señalar a una población o un territorio, como es el caso de Guanajuato.
La especialista en justicia penal internacional llamó a los ciudadanos «a adoptar una atrocidad», en el sentido de enfocarse en un caso y seguirlo en la prensa, preguntar a los medios, a los fiscales e incluso a las autoridades municipales si se está investigando, y con ello exigir verdad y justicia, así el caso se le será cercano. «Tal vez esta es una forma de mover (conciencias)», dijo Zoon.
“Este reporte es un llamado de atención a evitar que se normalicen linchamientos, descuartizamientos y masacres. Presenta un mosaico de dolor y crueldad que se esconde detrás de las cifras de incidencia delictiva”, señaló María Elena Morera, presidenta de Causa en Común, con un exhorto a avanzar en la dignificación de policías locales y sistemas de justicia locales.
Estos índices delictivos requieren una estrategia de atención psicológica especializada a escala nacional ya que el, enojo la ira, la frustración, el miedo, en la población no desaparecerán por decreto presidencial, ahondando en la descomposición social, de ahí que debe urgirse al gobierno federal de que cambie sus políticas públicas.
Debemos darnos cuenta, dijo Morera, que son ciudadanos comunes quienes cometen violencia familiar y que entre comunidades con rencillas la violencia también escala por hechos que ni el ámbito privado ni el público son atendidos. «Debemos encontrar otras formas de relacionarnos», concluyó.
